A riesgo de equivocarme, como suele ocurrir a
menudo, el tema de la conexión a la Autopista México-Guadalajara no es tan
seguro ya como se creía, esto de acuerdo a las interpretaciones que pueda darse
a las declaraciones de los actores políticos aunque, todos, coinciden en que
este tramo resulta esencial para el desarrollo de la Ciénega de Chapala.
Aunque en el discurso todos han dicho que este tramo
vendría a generar lo necesario para abatir el rezago económico de esta parte
del estado, lo cierto es que a pesar de estar considerado como uno de los
proyectos prioritarios de la actual administración federal, el proyecto parece
avanzar más lentamente de lo pensado.
Evidentemente, este tramo carretero no resolverá
como por arte de magia la gran problemática existente en materia económica y
social pero, de momento, sirve para calmar los ánimos de esta convulsionada
región en la que, pese a los intentos, no se ha logrado la integración
necesaria para hacer frente a lo que se avecina.
Con licencia para informar…
Ante la invitación del gobierno del estado de
Michoacán para que los periodistas aporten propuestas con miras a una nueva
legislación local en materia de medios, las voces al interior del estado se han
alzado ya y como era de esperarse los principales temas giraron en torno a la
falta de mecanismos gubernamentales para garantizar la integridad física de
quienes, de una u otra forma, ejercemos el oficio de informar.
Sin embargo, el tema deberá abrirse a otras
necesidades, tal es el caso de que a través de la entrega de una cédula
estatal, a través del registro estatal de profesiones, el estado reconozca a
los comunicadores y quienes actualmente ejercen con credenciales entregadas por
las empresas en que prestan sus servicios, identificaciones que pueden ser descalificadas
por cualquier mando civil o militar al momento de hacer coberturas
informativas.
Esta especie de “licencia” a la que nos referimos,
permitirá a los comunicadores garantizar al menos que se nos deje operar sin
riesgo de que las filias o fobias entre los entes gubernamentales y los medios,
cualesquiera que estos sean, sea un factor para permitirnos o no permitirnos
trabajar.
No se trata, hay que decirlo, de someter a los
periodistas a un registro pero ante la aparición de “comunicadores” quienes usan
esta fachada para ejercer como agentes de la Secretaría de Gobernación o la
Secretaría de Gobierno o incluso como agentes de grupos al margen de la ley, sí
resulta impostergable que a través de este mecanismo de licencias sepamos que
realmente quien porta una cámara, grabadora o micrófono lo hace con la
intención de ejercer la comunicación y no para efectos de espionaje de los
sectores sociales e incluso contra los comunicadores.
Desde hace décadas que, por gusto o por presiones,
los comunicadores se han convertido en “fuentes de información” de los que
pomposamente se hacen llamar “agentes de gobierno” y esto se ha dado solamente
por el excesivo amateurismo de los
comunicadores, sobre todo en el interior del estado, esta condición vuelve a
los comunicadores en personas altamente vulnerables ante este tipo de
presiones.
En la medida en que exista un mecanismo del orden
gubernamental que permita la obtención de un certificado estatal de periodismo,
similar a lo que ocurre con las licencias de locutores de radio, el periodista
podrá fortalecer su posición ante este tipo de embates.
Sin embargo, es cierto, el principal problema del
comunicador radica en el tema de la inseguridad, tema que comparte con la
generalidad del ciudadano de éste y otros estados.
La política en la Ciénega | José Luis Ceja Guerra
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