Todo parece
indicar que el director de Obras Públicas municipales, el abogado Joaquín
Campos López, no ha entendido el mensaje del alcalde Juan Carlos Campos Ponce,
en el sentido de realizar trabajos de calidad a buen precio.
Porque bastó con
que la Contraloría municipal le escarbara un poco a algunas obras públicas
municipales a cargo de Campos López, para que se detectaran algunas anomalías,
deficiencias, trabajos inconclusos y baja calidad.
Las obras son la
punta de lanza del alcalde Juan Carlos Campos Ponce, quien afirma que ha dado
instrucciones para que los trabajos se realicen con una calidad tal que duren
muchos años. No como los que se han hecho en el pasado, agrega.
Pero no, hay algo
que no funciona. Y no es nuevo, porque se ha mencionado en diversas ocasiones;
incluso, al interior del Cabildo: hay algunas obras ejecutadas en diferentes
puntos del municipio que han dejado que desear.
Al menos así lo
señala la Contraloría municipal, luego de una revisión realizada al azar a
siete de las obras realizadas el año pasado. No fue necesario meterse a fondo,
solamente ir al lugar en donde se llevaron a cabo los trabajos y comprobar que
algunas de ellas dejaban mucho que desear.
Y, conste que se
trata de la Contraloría, dependencia que, contrario a lo que debe hacer, trata
de no tocar ni con el pétalo de una rosa a los sensibles funcionarios
municipales.
Tan es así, que
cada vez que realiza un informe de labores al Cabildo, como se lo exige la ley,
busca “informar” (valga la redundancia) lo menos posible. Y es que en las
primeras comparecencias revelaba algunos detalles que herían susceptibilidades
de nuestros “servidores públicos”.
Por ello, poco a
poco ha perfeccionado la técnica de “informar sin informar”. De tal forma que
en el último recuento realizado ante el Cabildo les entregó un fajo de papeles
que tenían muchas letras pero que no decían nada.
En fin, debido a
que la Contraloría tampoco cumple con su obligación legal de dar a conocer
públicamente el resultado de sus revisiones y auditorías -como establece la Ley
de Acceso a la Información-, hemos tenido que buscar otras formas de enterarnos
qué señalamientos hace esta dependencia y que anomalías ha encontrado.
Desafortunadamente,
a pesar de lo revelador de la revisión hecha por la Contraloría, ésta y otras
acciones de fiscalización se quedan en el mero señalamiento. Lo que es peor, se
hacen en secreto, porque estos documentos, que deben ser del conocimiento
público, se ocultan, para no poner en evidencia la ineptitud de los
funcionarios involucrados.
Así las cosas, la
Contraloría hace las cosas a medias, porque si bien detecta anomalías, no hace
otra cosa que la mera llamada de atención; eso y nada es lo mismo, porque las
cosas quedan prácticamente como estaban.
De acuerdo al
Reglamento de la Administración Pública de Zitácuaro, la dependencia fiscalizadora
tiene autoridad para aplicar sanciones a los servidores públicos que no cumplan
con su función.
Ello, de acuerdo
al artículo 44, fracción IV, del mencionado ordenamiento, en lo referente a
“las atribuciones de la Contraloría municipal”:
“Instaurar procedimientos
administrativos con el fin de deslindar responsabilidades de los servidores
públicos municipales, para aplicar las sanciones que procedan conforme a
derecho”.
¿Qué espera?
Ricardo Rojas
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